La familia de la joven conileña apuñalada en Chiclana pide que se prorrogue la prisión preventiva del presunto homicida confiando en que el juicio sea este año.

Desde hace más de un mes la familia más directa de la joven conileña Loli Amaya, asesinada un 14 de febrero de 2008 en una colchonería de Chiclana, no sabe cómo afrontar esta pérdida irreparable, que queda aún más señalada al producirse su muerte en el "día de los enamorados".

No habrá ninguna celebración religiosa para recordarla. Su madre tenía previsto ayer acudir como cada semana a depositarle flores y llorar por su pérdida. Así lo harán sus más directos familiares, entre los que está su novio, Eladio Martínez.

Han pasado dos años y las cosas están casi como al principio, exponía Paqui Ramírez, tía de Loli Amaya. Según avanzaba, "al día de hoy lo único que sabemos es que el abogado que lleva este caso por lo penal, Fernando Martín Mora, iba a pedir una prórroga porque ya se cumple la prisión preventiva de dos años, y se puede pedir una prórroga de otros dos años".

Ramírez destacaba que "según lo apuntado por dicho letrado, posiblemente el juicio se celebre este año", aunque "por cuestiones administrativas los juzgados están colapsados, por lo que no sabemos la fecha", se lamentaba Paqui Ramírez.

Este asesinato lleva un proceso paralelo, que se abrió contra el establecimiento en el que fue herida mortalmente Loli Amaya, la colchonería Dulces Sueños, situada en el número 2 de la calle Cuesta del Matadero de Chiclana.

En este sentido se han celebrado dos juicios. De uno de ellos las novedades existentes dan la razón a la petición de indemnización de la familia, aunque la aseguradora del establecimiento apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla dicho auto judicial al considerarlo "un accidente laboral".

Paqui Ramírez fue una de las pioneras en la creación de la Plataforma Loli Amaya, que comenzó la recogida de firmas por todos los rincones de la provincia logrando superar las 250.000 rúbricas pero sin poder alcanzar las 500.000 que son necesarias para presentar ante el Congreso de los Diputados una petición para que "los autores de este tipo de delitos cumplan íntegramente sus penas en la cárcel".

Paqui Ramírez destacaba que "llega un momento en que ya nos tenemos que desplazar fuera, porque la provincia estaba batida toda, y para eso hay que contar con mucho dinero para moverte y para ir a recoger firmas". Ramírez contó en esas peticiones con el novio de Loli y otros familiares, "pero estábamos deshechos", se lamentaba. "Un día nos reunimos y decidimos no deshacer la plataforma, porque aún no se ha celebrado el juicio por lo penal, y no sabemos lo que podrá pasar y lo que la plataforma va a hacer. Pero decidimos no recoger más firmas porque no podíamos, estaba terminando con nuestras vidas". Esas rúbricas, acumuladas en cientos de folios, están custodiadas en su casa.

Loli Amaya, que hubiese cumplido 27 años este próximo 24 de febrero, falleció la noche del 14 de febrero de 2008 tras ser apuñalada mortalmente cuando se disponía a cerrar la colchonería chiclanera donde trabajaba de dependienta. Una semana después, y tras una complicada investigación la Guardia Civil detenía a Juan Manuel J.S., un joven chiclanero de 26 años de edad y con antecedentes que está considerado como el autor material del crimen. El detenido, que posteriormente fue ingresado en prisión por orden judicial, reconoció la autoría e incluso indicó a los investigadores el lugar donde arrojó el arma del crimen. Varios días después, buzos de la Guardia Civil la encontraban entre el fango en el río Iro.

En paralelo al proceso judicial, la familia de Loli Amaya inició esa recogida de firmas que, pese a su gran respaldo popular, al final se quedó a mitad de camino. Ahora confían en la pronta celebración del juicio que condene a quien les dejó un vacío tan grande.